Sector Salud y Educación no adoptan políticas inclusivas e interculturales

acinto Ticona Huamán, titular del Módulo Defensorial de Juliaca

El Módulo Defensorial de Juliaca ha emitido el reporte de las supervisiones itinerantes a distintas dependencias del Estado durante el primer semestre del año, dando como resultado una serie de anomalías, principalmente en los sectores Salud y Educación, donde se evidenció que no se implementan debidamente las políticas inclusivas, interculturales.

Según el titular de la institución, Jacinto Ticona Huamán, en las visitas que se efectuaron en las provincias de Lampa y Melgar, se puso de manifiesto que las autoridades del sector como los gobiernos locales aún no consideran como temas prioritarios aspectos concernientes a derechos fundamentales.

En cuanto a los establecimientos de salud, indicó que los casos más dramáticos se registraron en el distrito melgarino de Llalli, donde no contaba con centro materno que de acuerdo a las normas vigentes es obligatorio y más aun en nuestra realidad donde la región lidera las estadísticas sobre muerte materna.

En una situación similar se encontró al centro de salud de Nuñoa, cuya infraestructura de mayólica representaba más un atentado para los pacientes y trabajadores a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, poniendo en evidencia la falta de criterios de adecuación en el diseño de infraestructura para determinada realidad.

En el distrito de Cupi, además de las deficiencias en su infraestructura y equipamiento al igual que en los anteriores centros de salud, se identificó que se efectuaban cobros indebidos por conceptos que de acuerdo a Ley son gratuitos y que estaban consignados en su tarifario, como la emisión del certificado de defunción.

Aún más preocupante resulta el hecho de que el agua que consumen no esté tratada. “Captan el recurso directamente de un río y mediante conexiones directas va directo para el consumo humano”, dijo el letrado, cuestionando que ni el sector salud ni el gobierno local velen por la salubridad de sus habitantes.

INCLUSIÓN
En gran parte de las instituciones educativas visitadas, la Defensoría del Pueblo encontró que el común denominador en ellas era la falta de implementación de políticas inclusivas, orientadas hacia la adecuación de ambientes para personas con discapacidad, como la ubicación de los centros de cómputo en el primer piso.

INFORMACION Y SENSIBILIZACION
La Defensoría concluyó en que estas deficiencias dan cuenta del poco interés que pone el sector estatal en la priorización de temas inclusivos y de adecuación antes de realizar las obras públicas, responsabilidad que es compartida con arquitectos e ingenieros que obvian estos detalles desde el perfil de los proyectos.”Falta de sensibilización e información”, señala Ticona.

Asimismo, el defensor considera que las municipalidades más allá de la refacción de centros educativos, poco hacen por temas prioritarios como educación y salud, al no considerarlos en sus proyectos de inversión en función a las políticas mencionadas.